Fuente: cambio21.cl
(Source: malaimagen, via eban451)
Más de 100.000 personas marcharon hoy sólo en Santiago, y otros cien mil más por todo Chile, expresando de mil maneras una sola idea: ¡Se les acabó el negocio, señores dueños de la educación! ¡¡Y va a caer, y va a caer… la Educación de Pinochet!!Ese es el mensaje que, con mayor o menor ingenio, refinamiento o lenguaje técnico, está entregando una enorme mayoría de chilenos y chilenas. Personas que comprenden que hoy padecemos un sistema educacional excesivamente segregado (comparable al apartheid), donde existen sistemas distintos para distintos segmentos sociales, casi siempre con grandes diferencias de calidad en la entrega (y donde pierden siempre los mismos). Un sistema excluyente basado en la selección: la famosa “libertad de enseñanza”, donde cada familia elige donde educar a sus hijos, no es real cuando se selecciona por aptitudes académicas, capacidad de pago u orientación ideológica del colegio o la universidad.
Esa enorme mayoría de la sociedad ve con claridad que este sistema no promueve el desarrollo humano de todos y todas, dificulta la movilidad social, eterniza las dolorosas desigualdades, esclaviza con las deudas, y nos mantendrá por siempre en el subdesarrollo y la dependencia.
Educación de Pinochet
(1981 - † 2011)
R.I.P.
Por eso hoy no es posible pedir nada menos que una Nueva Educación para Chile. Un sistema estatal gratuito y de calidad para la mayoría, que semeje el que nuestro país ya tuvo, y que sea a la vez la clave para superar las desigualdades, el motor para el desarrollo individual, social y nacional, y la base de nuestra democracia.
(Para que no se me acuse de poco concreto, y sin perder de vista este gran objetivo, es posible desde ya comenzar a lanzar ideas que vayan configurando un programa de reforma a la educación progresivo y gradual. Como ejemplos y en orden aleatorio: (1) poner fin a la municipalización y crear agencias zonales que gestionen sólo los establecimientos educacionales, con participación de la comunidad educativa, (2) terminar con la selección y el financiamiento compartido en las escuelas públicas, (3) mejorar la formación de profesores, apoyando y fiscalizando a las universidades que imparten la carrera, junto con proveer opciones de perfeccionamiento permanente, (4) entregar un aporte basal de al menos 50% de sus presupuestos para las universidades estatales, (5) diversificar de los sistemas de ingreso a las universidades estatales (no sólo PSU) con énfasis en los quintiles vulnerables de buen rendimiento en sus colegios, (6) crear CFTs e IPs estatales de alta calidad, (7) condonar la deuda a deudores del fondo solidario, e (8) igualar las condiciones financieras entre el crédito con aval del estado y el fondo solidario (mismo % de interés anual, mismas condiciones de cobranza –es decir, dependiendo del ingreso-).
¿Y la educación privada? Pues que exista, siempre y cuando alcance estándares excepcionales de calidad. Y quien quiera y pueda pagarla, que lo haga, pero eso no lo eximirá de pagar los impuestos que le corresponda para financiar el sistema público nacional de educación.
¿Imposible? ¿Iluso? ¿Inviable? Depende de cómo se lo quiera mirar. Si se aborda como una decisión estratégica para el país, es perfectamente posible, viable y financiable.
Por supuesto, se requiere un ajuste en las prioridades: menos recursos de Codelco a la compra de armamento y más a Educación; más impuestos a las grandes fortunas y empresas para financiar la Educación; más royalty a las transnacionales de la minería para financiar la Educación, etc., etc.
Que la Nueva Educación y la forma de financiarla sean fruto de un gran acuerdo nacional es una de las condiciones para su éxito. Por lo visto en los últimos días y particularmente hoy, somos una enorme mayoría quienes compartimos en lo fundamental las bases de este nuevo sistema de Educación para Chile, y queremos y podemos alcanzar este acuerdo nacional. Son sólo unos pocos –los mismos de siempre- quienes se oponen y seguirán oponiendo. Pero no hay dedo que pueda tapar 100.000 soles marchando por la Alameda.
Fuente: facebook.com
El presidente Sebastián Piñera está perplejo ante las movilizaciones ciudadanas contra HidroAysén y por una mejor educación pública. Cree que son hechos coyunturales, que pronto pasarán. Peor aún, estima que los problemas están en la política, sin saber que ellos también se encuentran en la economía. Y su perplejidad aumenta ante su baja popularidad.
Para entender el comportamiento ciudadano y la opinión pública hay que entrar en las profundidades del sistema político. La llegada de Piñera a La Moneda desplazó el eje del sistema político. No es una derecha como en Europa, con partidos fuertes, con líderes que son políticos profesionales y no empresarios (salvo Italia) y con la voluntad de mantener su autonomía del sector privado. Por el contrario. Es un conglomerado con partidos débiles, dirigentes sin voluntad de luchar contra el viento y estrechamente vinculados al poder económico, con un Presidente que ha sido un exitoso hombre de negocios y ha formado un gobierno con personalidades que vienen de las grandes empresas. Y, como no fuera suficiente, no tiene mayoría en el Congreso, lo que le exige entenderse con la oposición para dar gobernabilidad al país.
Si antes el poder político estuvo separado del poder económico, con Piñera se ha producido su fusión y ello tiene efectos muy profundos en el sistema político porque sus principales autoridades miran el futuro del país desde una óptica empresarial. No es casual, ni transitorio, que los chilenos están convencidos mayoritariamente que se trata de un “gobierno de los empresarios” y no uno que cuida el interés de todos los chilenos. Los empresarios tienen mala imagen, contagiando con ello al gobierno que se ve asociados a ellos.
Piñera tuvo la oportunidad de apartarse de esa imagen con ocasión del accidente de los mineros y se jugó por salvarlos. Sin embargo, no sacó lecciones de ello. Hasta hoy no ha presentado un proyecto de ley para fortalecer la seguridad en el trabajo. Piñera y sus ministros no sacan nada con hacer declaraciones de que no es un gobierno de empresarios; sólo cambiaría con políticas claras.
Hasta el 11 de marzo del 2010, hubo una estrecha relación entre el poder político y el poder económico por las especiales condiciones impuestas por el cambio del autoritarismo a la democracia. Ellas llevaron al gobierno del presidente Aylwin a buscar su consolidación en torno al buen desempeño económico, para lo cual era indispensable la confianza empresarial. Se logró la consolidación democrática, pero se distorsionó la política económica, porque del “crecimiento con equidad” se avanzó a uno de crecimiento a secas, que disminuyó la pobreza, pero tuvo efectos negativos para una amplia mayoría de chilenos, con salarios bajísimos, empleo precario, prácticas antisindicales en la mayoría de las empresas y concentración de la riqueza. Se vive mejor que antes, pero ello es insuficiente, porque una pequeña minoría se ha beneficiado del crecimiento muchísimo más que la mayoría. La percepción de las desigualdades es abrumadora en la sociedad, incluso en los votantes de la UDI y RN.
Esta política estableció un orden económico apoyado en dos pies, los empresarios y el Estado, sin los trabajadores. Una mesa de dos patas no funciona, porque debe tener a los trabajadores y a la sociedad. También perjudicó a los partidos de la Concertación, cuyo electorado no entendió que se aplicaran durante largas dos décadas políticas económicas de la centro derecha. El desplome del PDC en 1997 y la crisis del PS el 2009 no se entiende sin esta orientación. La prioridad de la economía dañó la política y a los partidos y a las organizaciones sindicales.
Por este motivo, la Concertación no puede capitalizar el descontento ciudadano contra el gobierno, porque se trata de un problema heredado de las anteriores administraciones y algunas de las figuras del conglomerado opositor están identificadas con ese pasado, porque fueron ministros y, peor aún, están en el sector privado, como empresarios, directores de empresas o lobistas.
HidroAysén provoca el rechazo ciudadano no sólo por el daño ambiental que producirá, sino también porque es un megaproyecto que expresa el poder de dos grandes empresas, Colbún, controlado por el grupo Matte, y Endesa, que confunden sus intereses económicos con los del país. Sus argumentos para fundamentar su proyecto sobre las necesidades impuestas por el “crecimiento” no son aceptados.
Los chilenos piensan que son ellos, y no las empresas, los que deciden cómo debe ser la mejor matriz energética para el país. El gobierno de centro derecha de Ángela Merkel (CDU) en Alemania acaba de programar el cierre de las centrales nucleares porque lo exige el electorado y en Chile se quiere imponer una matriz energética rechazada por la mayoría de los chilenos.
Y la educación superior es cara y de mala calidad. Las universidades privadas se justifican de la peor manera: porque atienden a la mayoría de los estudiantes. No dicen que de esa manera tienen más ingresos y no por cumplir un rol social como las estatales y las no estatales del Consejo de Rectores.
Cuando se sale de la pobreza y se avanza al desarrollo, los ciudadanos exigen más participación, servicios de mayor calidad y una mayor participación de los beneficios del crecimiento. Estas demandas fueron retenidas durante los últimos gobiernos de la Concertación por su política social, el prestigio de sus presidentes y el apoyo de los partidos y sus parlamentarios, que cerraban filas defendiendo al gobierno, lo cual tuvo un altísimo costo para el conglomerado. Piñera no tiene estos recursos políticos, porque los parlamentarios y dirigentes de partidos no le apoyan en forma efectiva y él tampoco los escucha cuando plantean críticas. Sus problemas están en la política y en la economía.
Piñera enfrenta problemas estructurales y no coyunturales. Crecimiento a secas no sirve; más de lo mismo, con acuerdos de élites como en los 90, tampoco. Y también los enfrenta la Concertación, que tampoco tiene claridad de su compleja y difícil situación. La falta de percepción de los problemas en el gobierno y la oposición conduce a una parálisis decisoria, que los puede agravar.
Fuente: elmostrador.cl
“La pobreza sigue siendo considerada un problema, y ese problema, más allá de la opacidad de los discursos, consiste en que es visualizada como una amenaza a la estabilidad o a la gobernabilidad si se prefiere. Es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir, la existencia de una clase social parasitaria, que no cumple ningún rol positivo en la sociedad aunque si tiene el suficiente poder tanto para influir en las políticas estatales, en las agendas públicas y de los medios, como para desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza. Romper con esta concepción de la pobreza como problema a resolver y poner el centro de atención en la riqueza, es un requisito para cambiar las políticas sociales. Es una opción política.” — Raúl Zibechi, Progre-sismo. La domesticación de los conflictos sociales. Editorial Quimantú. 2010. (via estudiosyprogramas)
(via elultimobastion)
Interesante comparación entre los suministros de energía renovable no convencional de Chile versus los de países desarrollados!!
(Source: patagoniasinrepresas, via worello)
Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.
Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”
Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.
Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,”logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa.
Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.
La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.
De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.
De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.
Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.
El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!
De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”
En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.
La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.
Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.
El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”
Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado, la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!
La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.
En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad, los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.
Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.
Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!
Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009.
Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un teercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.
Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.
La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.
La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.
Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.
Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.
Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!
Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.
Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.
No parece mala idea intentarlo de nuevo.
Fuente: elmostrador.cl
[video]
En América Latina también hay países desarrollados!! Grande la República Oriental!!
Senegal
5th Ave., NY
Katmandu, Nepal
Tokyo, Japan
Rome, Italy
Palastinian Refugee Camp in Hebron
Phom Phen, Cambodia
Rio de Janeiro, Brazil
Fuente: from James Mollison’s book Where Children Sleep
(Source: mymodernmet.com, via pantxo2112)
Por: Joseph E. Stiglitz
NUEVA YORK – Supongamos que alguien describiera un pequeño país que da educación gratuita hasta el nivel universitario a todos sus ciudadanos, transporte escolar para los niños y atención a la salud sin costo –incluyendo operaciones del corazón—para todos. Podría pensarse que ese país o es increíblemente rico, o va en camino de una crisis fiscal.
Después de todo, los países ricos de Europa se dan cuenta cada vez más de que no pueden costear la educación universitaria y están pidiendo a los jóvenes y sus familias que asuman los gastos. Por su parte, los Estados Unidos nunca han intentado ofrecer educación universitaria gratuita para todos y fue necesaria una amarga batalla para asegurar que los estadounidenses pobres tuvieran acceso a la atención a la salud –una garantía que el partido republicano está esforzándose ahora por derogar, con el argumento de que el país no puede pagarlo.
Pero Mauricio, una pequeña nación isleña en la costa oriental de África no es particularmente rica ni se dirige a la ruina presupuestal. No obstante, en las últimas décadas se ha dedicado a construir con éxito una economía diversificada, un sistema político democrático y una sólida red de seguridad social. Muchos países, entre ellos los Estados Unidos, podrían aprender de sus experiencias.
En una reciente visita a este archipiélago tropical de 1.3 millones de habitantes, tuve la oportunidad de ver algunos de los avances que ha hecho Mauricio – logros que pueden parecer sorprendentes a la luz del debate que se da en Estados Unidos y otros lugares. Consideremos la propiedad de la vivienda. Mientras que los conservadores estadounidenses sostienen que el intento de su gobierno para ampliar la proporción de propietarios de vivienda al 70% de la población del país fue lo que provocó la crisis financiera, el 87% de los habitantes de Mauricio son dueños de sus casas –sin burbuja inmobiliaria.
Ahora una cifra dolorosa: el PIB de Mauricio ha estado creciendo a más del 5% anual durante casi 30 años. Es obvio que debe haber algún “truco”. Mauricio debe ser rico en diamantes, petróleo o algún otro producto valioso. Sin embargo, Mauricio no tiene recursos naturales explotables. En efecto, cuando se acercaba su independencia de Gran Bretaña, que llegó en 1968, su porvenir era tan desalentador que el premio Nobel de economía James Meade escribió en 1961: “Será un gran logro si [el país] encuentra empleos productivos para su población sin una grave reducción del nivel de vida existente…Las perspectivas de un desarrollo pacífico son escasas.”
Como para demostrar que Meade se equivocaba, los habitantes de Mauricio han aumentado el ingreso per cápita de menos de 400 dólares en el momento de su independencia a más de 6,700 dólares actualmente. El país ha pasado del monocultivo del azúcar a una economía diversificada que incluye el turismo, las finanzas, los textiles y, si los planes actuales tienen éxito, la alta tecnología.
Durante mi visita me interesaba entender mejor qué había conducido a lo que algunos han llamado el milagro de Mauricio y qué podían aprender de ello otros países. De hecho, hay muchas lecciones, algunas de las cuales deberían tener en mente los políticos de los Estados Unidos y otros lugares en sus batallas presupuestales.
En primer lugar, la cuestión no es si podemos costear la atención a la salud o la educación para todos o asegurar una mayor proporción de propietarios de vivienda. Si Mauricio puede hacerlo, también pueden Estados Unidos y Europa –que son mucho más ricos. Se trata más bien de cómo organizar la sociedad. En Mauricio se ha elegido un camino que conduce a niveles más altos de cohesión social, bienestar y crecimiento económico –y a un nivel más bajo de desigualdad.
En segundo lugar, a diferencia de muchos otros países pequeños, Mauricio ha decidido que la mayor parte del gasto militar es un desperdicio. Los Estados Unidos no tienen que ir tan lejos: apenas una fracción del dinero que el país gasta en armas que no funcionan para combatir enemigos que no existen contribuiría en gran medida a crear una sociedad más humana, incluyendo la provisión de atención a la salud y educación a aquellos que no pueden pagarlas.
En tercer lugar, Mauricio reconoció que, sin recursos naturales, su gente era su único activo. Tal vez ese aprecio de sus recursos humanos también es lo que llevó a que Mauricio se diera cuenta de que, sobre todo debido a las potenciales diferencias religiosas, étnicas y políticas del país –que algunos trataron de aprovechar para inducirlo a que permaneciera como colonia británica—la educación universal era esencial para la unidad social. También lo era un compromiso decidido con las instituciones democráticas y la cooperación entre trabajadores, gobierno y patrones –exactamente lo contrario de los desacuerdos y divisiones que siembran actualmente los conservadores en los Estados Unidos.
Esto no significa que Mauricio no tenga problemas. Al igual que muchos otros países con mercados emergentes que han tenido éxito, Mauricio se enfrenta a una pérdida de competitividad del tipo de cambio. Y a medida que cada vez más países intervienen para debilitar sus tipos de cambio en respuesta a los intentos de los Estados Unidos de llevar a cabo una devaluación competitiva mediante la facilitación cuantitativa, el problema empeora. Es casi seguro que Mauricio también tendrá que intervenir.
Además, como es el caso de muchos otros países del mundo, a Mauricio le preocupan los alimentos importados y la inflación de la energía. Responder a la inflación mediante el aumento de las tasas de interés simplemente agravaría las dificultades que representarían precios más altos con desempleo elevado y un tipo de cambio aún menos competitivo. Será necesario considerar intervenciones directas, restricciones a las entradas de capital de corto plazo, impuestos a las ganancias del capital y reglamentaciones bancarias cautelares estabilizadoras.
El milagro de Mauricio data de su independencia; no obstante, el país todavía acarrea algunos de sus legados coloniales: la desigualdad de la tierra y la riqueza así como la vulnerabilidad a la alta política global. Los Estados Unidos ocupan una de las islas de Mauricio, Diego García, como base naval sin compensación, pues oficialmente la arriendan del Reino Unido, que no sólo conservó la Isla de Chagos, infringiendo el derecho internacional y el de las Naciones Unidas, sino que expulsó a sus ciudadanos y se niega a permitir que regresen.
Ahora los Estados Unidos deberían comportarse correctamente con este país pacífico y democrático: reconocer la propiedad legítima de Diego García, renegociar el contrato de arrendamiento y redimir los pecados del pasado mediante un pago justo por el territorio que han ocupado de manera ilegal durante décadas.Fuente: project-syndicate.org
RECOMENDADO: Favoreciendo a las mujeres: ficción y realidad. Por Eduardo Engel
Por: Sohad Houssein y Rodrigo Alarcón
Presiones directas del embajador de Estados Unidos sobre el gobierno de Bachelet lograron cambiar la normativa y permitir la ejecución de la termoeléctrica Campiche. La gestión estuvo a cargo de los propios ministros y buscó, además, neutralizar un fallo de la Corte Suprema, según informa Ciper Chile. El escándalo no termina ahí: el ex abogado de AES Gener, Rodrigo Hinzpeter, es ahora ministro del Interior, mientras que el actual subsecretario de Energía fue hasta febrero gerente general de una de sus filiales.
Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.
Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.
Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados, el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.
El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.
La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.
El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.
Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.
Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.
Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.
Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.
“Santos en la corte”
Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.
A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.
En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.
La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.
Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.
Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.
Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.
Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.
El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.
“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.
Fuente: radio.uchile.cl
Existe un sin número de prejuicios contra las parejas homosexuales o lesbianas que quieren concebir o adoptar hijos, entre ellos el que son personas insanas, inestables, incapaces de formar familia, carentes de habilidades parentales, que no tienen redes sociales de apoyo, que sus hijos no podrían hacer una vida “normal” porque sufrirían rechazo social o porque tendrían problemas psicológicos y hasta terminarían siendo homosexuales al igual que sus padres. Sin embargo, la mayoría de estos argumentos son sólo prejuicios y no tienen ningún asidero empírico. De hecho, los países en donde es legal que parejas gays adopten hijos, presentan una realidad totalmente distinta. La evidencia revela lo siguiente:
2010: Michael Rosenfeld -profesor de Sociología de la Universidad de Stanford- utilizó los datos censales de EE.UU. del año 2000 y reveló que ser criado por padres del mismo sexo no influye en el éxito académico. El estudio fue publicado en la revista Demographics.
2009: Investigadores de la Universidad de Arlington (Texas) y Carolina Oriental, concluyeron que la orientación sexual de los padres no influye sobre el mayor o menor desarrollo de problemas emocionales en los hijos adoptados. Este estudio comparó los datos de 1.229 familias heteroparentales con los procedentes de 155 familias homoporentales. La evaluación de cada familia incluía datos sobre las características de padres e hijos, dinámica familiar, historial del niño anterior a la adopción, situación emocional actual y problemas de comportamiento. Este estudio fue publicado en la revista Adoption Quarterly.
2009: Un amplio estudio llevado a cabo por la académica Merete Lauberg, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Copenhague, demostró que en Dinamarca, sólo el 1,8% de los hijos criados por madres lesbianas han necesitado recurrir a consultas psiquiátricas, frente a un 5% de los restantes niños criados por padres heterosexuales. Una de las razones que presenta Lauberg para explicar las bajas tasas de desarrollo de enfermedades psicológicas que presentan los hijos de madres lesbianas, se debe a la realidad que les toco enfrentar a estas madres, ellas se vieron obligadas a formar una mayor resistencia para sobrellevar las discriminaciones y prejuicios. Según Lauberg, “la resistencia te hace más fuerte, y esa fuerza puede ser transmitida a los hijos”.
Finalmente, lo que está realmente claro es que para tener hijos primero hay que tener el deseo de quererlos, planificar y proyectar un futuro con ellos, y es en este punto en el cual las parejas homosexuales y lesbianas que desean concebir o adoptar hijos tienen una ventaja por sobre las parejas heterosexuales, porque su anhelo por tenerlos no es algo accidental o fortuito, sino que es intrínseco. Cualquier hijo estaría feliz de saber que sus padres desearon con ímpetu y amor responsabilizarse premetidamente por su crianza y desarrollo pleno.
Camilo Pérez
Movimiento Nueva Izquierda
Jueves 24 de Febrero 2011
Fuente: Movimiento Nueva Izquierda
